Escrito por: Susana Martínez -Restrepo

Después de más de una década de crecimiento económico y una reducción de la pobreza de 49,7% a 30,3% entre 2002 y 2013 (Banco Mundial, 2014), la desigualdad socioeconómica y la exclusión social continúan siendo unos de los problemas más graves que actualmente afectan a Colombia y en general, a América Latina. Puede ser tentador concluir que los logros del crecimiento económico (creación de empleo y aumento de los ingresos laborales) se traducen automáticamente en ganancias, en el mercado laboral, para toda la población. No obstante, la reducción de la pobreza, el crecimiento de los ingresos laborales y de sistemas de protección social, que caracterizaron a Colombia y a América Latina en la última década, no han beneficiado homogénea ni equitativamente a toda la población, debido a la existencia de exclusiones duras: es decir, características sociales, de valores (machistas), y restricciones estructurales que perpetúan las desigualdades y la exclusión de ciertos grupos, en este caso de las mujeres en situación de pobreza extrema y moderada, sobre todo en las zonas rurales (Chioda, 2011). El 53% de las personas en pobreza extrema y moderada son mujeres, y éstas se concentran principalmente en el campo o fuera del sistema de las 13 principales ciudades, en donde no hay infraestructura, oportunidades de empleo, de generación de ingresos, o posibilidades de empleo formal, fuera del sector público (Ramírez, Zubieta & Bedoya, 2014). Mientras que en promedio, la tasa de actividad en las zonas urbanas es de 74,5% entre los hombres, ésta es sólo el 54% para las mujeres (ECV, 2103). La tasa de actividad es aún menor para las mujeres en situación de pobreza extrema1 en zonas urbanas (31,9%) y en zonas rurales (20,3%).

De hecho, actualmente se estima que el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano y el 85% de las empresas formales se concentran en este “Sistema de Ciudades”, es decir, en las 13 ciudades principales y en las zonas rurales o de cabeceras municipales próximas a éstas (Ramírez, Zubieta & Bedoya, 2014; DNP, 2012). Diversos estudios evidencian que un mayor número de horas dedicado al cuidado y a las tareas domésticas, restringe la participación de la mujer en el mercado laboral remunerado (Chioda, 2011). Asimismo, factores como la educación, la agencia, y las relaciones desiguales de poder de género, explican las negativas diferencias laborales y de ingresos entre hombres y mujeres (Kabeer, Mahmud & Tasneem, 2011). Ademas, la falta de infraestructura en zonas rurales –ya mencionada-, el tiempo y costo del transporte en las grandes ciudades, y las características de la economía rural en Colombia, afectan principalmente a las mujeres, quienes carecen de oportunidades laborales, formales y bien remuneradas, cerca de sus zonas de residencia (Ramírez, Zubieta & Bedoya, 2014; Haussman, 2013). Debido a la falta de oportunidades laborales remuneradas en zonas rurales, muchas mujeres se dedican -principal o exclusivamente- a trabajos productivos no remunerados, como la siembra y el cuidado de animales para la subsistencia familiar (Fedesarrollo-USAID, 2015).

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