Escrito por : Catalina Ruiz-Navarro
En México, una de cada cuatro niñas es violada antes de cumplir los 18 años. Obligarlas a ser madres del hijo de su violador es una forma de tortura innecesaria.
En mayo, una niña indígena huichola de 13 años, Citlali, fue violada por un conocido de la familia en el estado de Sonora. Citlali hace parte de una estadística: en México, una de cada cuatro niñas es violada antes de cumplir los 18 años. Los exámenes certificaron la violencia física y el daño psicológico, pero las autoridades se negaron a darle a la niña retrovirales o anticonceptivos de emergencia como manda la ley. Un mes después, cuando la familia se dio cuenta de que la niña estaba embarazada, en el hospital le negaron rotundamente el acceso a la interrupción del embarazo.
En México, aunque las leyes que regulan el aborto cambian de estado a estado, el aborto por causal violación es legal en todo el territorio. Así lo consignan todos los códigos penales de todas las entidades del país y la Ley General de Víctimas. Hay una Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantilque señala el derecho al acceso a la anticoncepción de emergencia para las víctimas de violación menores de edad y no es obligatorio denunciar agresión sexual para poder acceder al aborto legal por violación.
El argumento que usaron para negarle el aborto a a Citlali es que un juez estatal clasificó la violación como “estupro”, un delito “menor al abuso sexual”. Regina Tamés, directora del Grupo de Información para la Reproducción Elegida (Gire), ha dicho que la niña tiene derecho a interrumpir su embarazo sin importar la clasificación del delito. Porque la violencia sexual no se hace ni menos devastadora, ni menos grave, ni menos violenta, cuando la llamamos de otra forma. Hoy Gire está llevando el caso de Citlali, y se estudia la posibilidad de que la niña viaje a Ciudad de México, en donde el aborto no necesita causales si ocurre en los primeros 3 meses.
Como Citlali, a muchas mujeres y niñas que son víctimas de violencia sexual les niegan el derecho al aborto en el interior de la República Mexicana. Entonces, la única opción es viajar a la capital para poder abortar. Muchas de ellas están solas, es un viaje difícil, Ciudad de México es costosa y puede ser hostil, y aunque hay organizaciones que ayudan, como Fondo María, para muchas mujeres la opción de viajar a al capital es impensable.
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